Julio Iglesias ha llevado a Yolanda Díaz ante el Tribunal Supremo. El cantante ha presentado una demanda civil contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad personal, y le reclama 50.000 euros en concepto de daño moral, además de una rectificación pública y el pago de las costas.
El asunto se ha dirigido directamente a la Sala de lo Civil del alto tribunal por la condición de aforada de la ministra. La defensa del artista está encomendada al abogado José Antonio Choclán.
De la conciliación a la demanda
El paso llega después de que fracasara la vía previa. Iglesias promovió un acto de conciliación en el que instaba a Díaz a retirar sus palabras y a reconocer públicamente su carácter lesivo. La vicepresidenta rechazó retractarse, al entender que sus manifestaciones no habían dañado la reputación del cantante, y esa negativa ha desembocado en la demanda.
El origen: un mensaje en redes y una entrevista
El conflicto arranca el pasado 13 de enero, cuando Díaz difundió en su cuenta de Bluesky una información titulada «Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales», acompañada de su propia valoración: «Escalofriantes testimonios. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente».
Al día siguiente, la vicepresidenta fue entrevistada en el programa La Hora de La 1, de RTVE, donde se abordaron esas acusaciones. Allí sostuvo que las mujeres se encontraban «en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias», y añadió que «la investigación da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres».
El argumento: un juicio paralelo desde el poder
El núcleo de la reclamación es la condición institucional de quien habló. El escrito sostiene que Díaz, «como alto cargo público del Estado», trasladó a la opinión pública «claros prejuicios de culpabilidad» al presentar como hechos ciertos que en su domicilio se cometían abusos sexuales, que los trabajadores estaban en régimen de esclavitud y que se vulneraban de forma sistemática sus derechos fundamentales.
La defensa reprocha que esas afirmaciones configuraron «un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial», con manifestaciones que califica de injuriosas y calumniosas y que, a su juicio, lesionaron el honor, la imagen y la reputación social del artista, además de su presunción de inocencia.
Una denuncia archivada
El trasfondo de todo el caso es la denuncia que dos exempleadas presentaron contra el cantante por presuntos delitos vinculados a abusos laborales y sexuales en sus propiedades del Caribe. Esa causa no llegó a investigarse en España: la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó su archivo al concluir que no concurrían los requisitos legales de competencia para que la justicia española pudiera asumirla.
Ese archivo —por falta de jurisdicción, no por un pronunciamiento sobre el fondo— es precisamente el punto sobre el que pivota la demanda: para la representación de Iglesias, las valoraciones de la vicepresidenta se emitieron sin resolución judicial alguna que respaldara los hechos que daba por sentados.
