El sistema que garantiza defensa gratuita a quien no puede pagarla empieza a resquebrajarse. El Consejo General de la Abogacía Española lanzó una advertencia difícil de ignorar: si no se corrige el rumbo, ocho comunidades autónomas podrían llegar a una situación crítica para cubrir el turno de oficio antes de que acabe la década, y otras cinco quedarían en un nivel de riesgo elevado.

El aviso llega acompañado de un estudio sobre la evolución del censo de letrados y la viabilidad futura del servicio, difundido de cara al Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra el 12 de julio.

Una sangría que viene de lejos

No es un problema surgido de la noche a la mañana, sino una tendencia asentada durante años. Los números lo dibujan con claridad: desde 2020, el turno de oficio ha perdido más de 6.400 abogados, un retroceso del 14,1% que deja el censo actual en 38.871 profesionales adscritos. Y la proyección es sombría: de mantenerse el ritmo, en 2030 quedarían menos de 33.000 letrados prestando el servicio en toda España.

El Consejo enmarca el turno como «uno de los mayores exponentes del compromiso social de la Abogacía» y uno de los pilares que hacen efectivo el derecho de defensa. Pero introduce una advertencia de fondo: ningún servicio público, sostiene, puede aguantar indefinidamente apoyado solo en el esfuerzo y la vocación de quienes lo prestan.

Su presidente, Salvador González, reclama poner al día una norma que cumple tres décadas. «La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma que garantice su futuro, con unos baremos actualizados y una financiación acorde con la realidad actual», afirmó. Y matizó el sentido de la petición: «No hablamos solo de mejorar las condiciones de los profesionales, hablamos de proteger un servicio esencial para todos los ciudadanos».

Menos abogados, más asuntos: la tijera se abre

El estudio apunta al problema del relevo generacional en una tarea que exige alta dedicación y de la que dependen miles de ciudadanos para acceder a la justicia. Y mientras el número de profesionales cae, la demanda no para de subir.

Ahí está el punto de fricción. Las proyecciones calculan que la carga media pasará de 28 asuntos por abogado en 2025 a casi 45 en 2030, un salto cercano al 60%. Solo el año pasado, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita crecieron un 1,7% hasta superar los 1,15 millones. Cada una de esas peticiones —tramitadas por los 83 Colegios de la Abogacía, ya lleguen por vía directa del ciudadano o remitidas por los tribunales— obliga a designar al menos a un letrado del turno. La ecuación se resume en una frase: sube la demanda y baja la oferta.

El impacto, además, no se repartirá por igual. En Ceuta, cada abogado podría llegar a asumir más del doble de asuntos que ahora, mientras que en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña o La Rioja la carga aumentaría de forma muy notable.

Para la Abogacía, la lectura trasciende lo gremial. El turno es, sostiene, «la puerta de acceso a la Justicia para quienes no disponen de recursos económicos suficientes», y su solidez «no se mide únicamente por el número de abogados que lo integran», sino por su capacidad de asegurar que cualquier persona, viva donde viva, pueda defenderse en igualdad de condiciones.

Lo formuló con contundencia el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y decano de Cartagena, Ángel Méndez: «Los abogados del turno de oficio están presentes cuando la vida de una persona cambia para siempre». Cuidar el servicio y a quienes lo sostienen, añadió, no es solo una responsabilidad con la profesión, sino «un compromiso con la igualdad, con el acceso a la Justicia y con uno de los pilares de nuestro Estado de derecho».

Un mapa cada vez más desequilibrado

El informe detecta también una concentración creciente de la profesión. Solo cinco comunidades autónomas ganarán presumiblemente abogados ejercientes de aquí a 2030; el resto perderá efectivos, y Madrid y Cataluña acapararán casi la mitad del censo nacional. Un desequilibrio territorial que complica todavía más el objetivo de mantener una cobertura homogénea en todo el país.

Frente a este panorama, el Consejo considera ineludible actuar sobre tres frentes: revisar el sistema de retribuciones, articular incentivos que atraigan a nuevos profesionales al turno —con foco en los territorios más tensionados— y desplegar políticas que aseguren el relevo generacional y una cobertura suficiente en toda España. La cuenta atrás, advierte, ya ha empezado.