La decisión del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de no prorrogar los refuerzos en 62 órganos judiciales de toda España ha encendido a buena parte del mundo jurídico. La medida, adoptada sin aviso previo y en plena transición hacia los tribunales de instancia, amenaza con agravar el atasco de los juzgados civiles y mercantiles, y ha unido en el rechazo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a las asociaciones de jueces, a los letrados de la Administración de Justicia, a la abogacía madrileña y a los Gobiernos de Madrid y la Comunitat Valenciana.

El movimiento llega poco después de que el departamento que dirige Félix Bolaños presentara el balance del primer año de la Ley de Eficiencia 1/2025, con una caída de la litigiosidad del 10% en términos generales y de más del 21% en el ámbito civil, atribuida a la obligatoriedad de acudir a los MASC antes de pleitear. En ese contexto, Justicia denegó la autorización económica para prorrogar las medidas de refuerzo en esos 62 juzgados y salas en materia civil y mercantil.

El CGPJ pide reconsiderar y denuncia la falta de margen

El Consejo General del Poder Judicial ha reclamado al Ministerio que reconsidere la denegación del aval económico para los 62 órganos y ha advertido de que la decisión obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales. El órgano de gobierno de los jueces subraya, además, un problema de forma: la resolución se dictó y notificó la víspera del 30 de junio, fecha en que esas medidas debían aprobarse o prorrogarse. Esa premura, sostiene, le impidió proponer la reconsideración o buscar alternativas dentro de sus competencias para paliar los perjuicios.

A la petición se han sumado las asociaciones judiciales —la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente—, que firmaron un comunicado conjunto contra la medida.

En Madrid, la Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial ha ido más lejos y habla directamente de «abandono y maltrato institucional» que aboca a la jurisdicción civil al colapso. Sus cifras: 41.061 recursos pendientes, 13 secciones afectadas y retrasos que superan los cuatro años.

Los letrados: «más que eficacia, buscan ahorro de costes»

Desde el colectivo de letrados de la Administración de Justicia, su presidente nacional, Ernesto Casado —crítico con la gestión de Bolaños sobre los tribunales de instancia—, matiza que el asunto no golpea de lleno a su cuerpo, pero deja al descubierto un patrón. «Empezamos a pensar que para el Ministerio de Justicia la Ley de Eficiencia (…) lo que implica para ellos, más que medidas que mejoren esa eficacia, son otras que generan un ahorro de costes», señala.

A su juicio, se estarían planteando recortes de gasto en personal: «lo estamos viendo cuando se crean plazas de letrado de la administración de justicia o cuando no se crean plazas», con las dificultades para nombrar interinos en los servicios comunes procesales «y ahora con estos medios económicos necesarios para atender estos refuerzos que solicita el CGPJ». Casado reivindica el papel del conjunto de la plantilla judicial: «Necesitamos personas que trabajen de forma eficaz en la administracion de justicia».

Madrid y Valencia reclaman más medios

El pulso ha saltado también al ámbito autonómico. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, García Martín, avisó en la red social X de que los principales perjudicados serán los ciudadanos, que verán alargarse los plazos en «conflictos familiares, herencias o reclamaciones hipotecarias, hasta demandas por tarjetas revolving o incidencias en el transporte aéreo».

El Gobierno regional detalla el impacto sobre los juzgados especializados de la capital: el nº 101 bis, encargado de las demandas masivas por cláusulas suelo, pasaría de 6 a 3 jueces; el nº 104 bis, de tarjetas revolving, de 5 a 2; el especializado en transporte aéreo, de 8 jueces a ninguno; la sección 28 bis de la Audiencia Provincial, de 4 a ninguno; y la 25 bis, de 4 a 1. La Comunidad reivindica un esfuerzo de 3,5 millones de euros invertidos en personal y medios en los juzgados afectados, un desembolso que —advierte— queda cojo si el Ministerio no aporta los jueces necesarios.

En la misma línea, la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, defendió que «la Justicia lo que precisa son más medios, no recortes en lo básico», y pidió al Ministerio revertir la decisión para evitar más demoras y colapso. La consellera recordó que la mayoría de las prórrogas denegadas contaban con informe favorable de la Inspección del CGPJ: en la Comunitat Valenciana, el Ministerio ha rechazado financiar 18 de la treintena de refuerzos solicitados, en su mayoría prórrogas avaladas por esa inspección. Por eso la Conselleria se ha sumado a la petición del TSJCV para que el Consejo inste a Justicia a revisar la medida.

La abogacía alerta de apelaciones que rozan los 30 años

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también trasladó su rechazo frontal por la no renovación de los refuerzos en los órganos especializados en condiciones generales de la contratación, un golpe para miles de afectados por litigios hipotecarios y bancarios. Con una capacidad de resolución de unos 1.500 recursos anuales, calcula que la respuesta en segunda instancia podría proyectarse hacia los 30 años.

«Una Justicia que llega 20 o 30 años tarde no es Justicia. Es una denegación práctica de tutela judicial efectiva», resume el decano, Eugenio Ribón, en su escrito. El Colegio añade que estas demoras pueden causar daños económicos concretos e individualizados —mermar la capacidad financiera de los afectados, prolongar el endeudamiento, impedir recuperar cantidades pagadas de forma indebida— y recuerda que el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia puede abrir la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado. El ICAM exige una rectificación inmediata, el mantenimiento de los refuerzos y un plan urgente y bien dotado para reducir la pendencia, porque, sostiene, la tutela judicial efectiva no puede supeditarse a criterios presupuestarios.

Los funcionarios: «la sensación es de atasco»

Entre los funcionarios de Justicia, el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán, vincula la medida a los datos de reducción de la litigiosidad presentados por el Ministerio. Recuerda que su organización llevó un plan de choque a unas jornadas en las que participó el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, sin haber recibido respuesta: «lo peor es que este tipo de situaciones de recortes, si no se explican, generan más problemas».

Jordán reclama medir bien las cargas reales de trabajo en plena implantación de los tribunales de instancia, un modelo al que, dice, «le faltan medios personales y materiales». Describe el clima en los juzgados a partir de lo que le trasladan sus compañeros: «La sensación es de atasco». Y anticipa turbulencias con la culminación de los procesos de estabilización y el cese de interinos: «Habrá mucha rotación». Frente al relato oficial de agilización, sostiene que lo que se vive es más bien «un proceso de estancamiento», y pide reforzar las plantillas allí donde haga falta.