El choque entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la financiación de los refuerzos judiciales sube un peldaño. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó este martes, por unanimidad, pedir la convocatoria urgente de la Comisión Mixta con el Ministerio para abordar la negativa del departamento a autorizar económicamente la prórroga de varias medidas de apoyo en juzgados especializados.

El movimiento llega apenas una semana después de que la propia Permanente reclamara al Ministerio revertir esa negativa, y con un dato encima de la mesa que da munición al Consejo: un informe de su Servicio de Inspección cifra en al menos 12.470 los asuntos que dejarán de resolverse en el segundo semestre de 2026 si desaparecen esos refuerzos.

El Consejo insiste en la rectificación

Además de pedir la reunión, la Permanente ha reiterado de manera formal su exigencia de que el Ministerio dé marcha atrás en la decisión adoptada el 29 de junio sobre las medidas destinadas a los órganos especializados en condiciones generales de la contratación, es decir, los que resuelven de forma masiva los pleitos por cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios. El acuerdo se toma tras examinar el informe que la Secretaría General encargó a la Inspección para medir el impacto de suprimir, total o parcialmente, esas comisiones de servicio.

Dónde se acumularán los 12.470 asuntos

Las conclusiones de los inspectores son rotundas: la no renovación dejará entre julio y diciembre 12.470 procedimientos suspendidos o sin resolver, en Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia especializados en litigios bancarios. El reparto por órganos es el siguiente:

  • Audiencia Provincial de Valencia: 1.400 sentencias
  • Tribunal de Instancia de Alicante: entre 1.830 y 1.880 asuntos
  • Tribunal de Instancia de Castellón: entre 750 y 800 asuntos
  • Tribunal de Instancia de Valencia: 1.440 asuntos
  • Audiencia Provincial de Barcelona: 600 sentencias
  • Tribunal de Instancia nº 50 de Barcelona: 1.800 asuntos
  • Audiencia Provincial de Madrid: 840 asuntos
  • Tribunal de Instancia nº 101 de Madrid: 2.250 asuntos
  • Tribunal de Instancia nº 104 de Madrid: 1.560 asuntos

El grueso del atasco se concentra en tres territorios. La Comunidad Valenciana carga con el mayor volumen —entre 5.420 y 5.520 procedimientos pendientes—, seguida de Madrid, con unos 4.650 asuntos, y de Barcelona, que sumará alrededor de 2.400 solo entre su Audiencia Provincial y el juzgado especializado.

Barcelona, con los plazos a punto de duplicarse

El caso del Tribunal de Instancia nº 50 de Barcelona, especializado en cláusulas abusivas desde 2017, es de los más ilustrativos. Su presidenta advierte en un informe propio de que no renovar las cinco comisiones de servicio equivale a dejar de dictar 1.800 sentencias en el segundo semestre y hará que el tiempo medio de resolución salte de unos dos años a cuatro como mínimo. El órgano arrastra ya 31.135 procedimientos en trámite, más de 15.000 de ellos correspondientes a demandas aún pendientes de incoación.

Vistas y señalamientos ya cancelados

El golpe no es solo estadístico: ya se traduce en agendas desmontadas. En Castellón se han suspendido 95 audiencias previas fijadas para julio al terminar la comisión del magistrado de refuerzo. En el nº 101 de Madrid han caído 150 vistas ya señaladas para ese mes, y en el nº 104, 318 audiencias previas y cinco juicios. Todas esas actuaciones habrá que volver a señalarlas, lo que recargará todavía más a los servicios comunes.

Un aviso que el Consejo ya había lanzado

La decisión enlaza con el acuerdo del 1 de julio, también unánime, en el que el CGPJ pidió reconsiderar la denegación del aval económico para los refuerzos previstos en 62 órganos de toda España. Ya entonces alertó de que su desaparición obligaría a paralizar actuaciones «necesarias e imprescindibles» y comprometería derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el proceso sin dilaciones indebidas. Con el informe de Inspección en la mano, el Consejo eleva ahora el tono y reclama sentarse cuanto antes con el Ministerio.

El trasfondo tiene un reparto de efectos difícil de disimular: la parálisis beneficia a las entidades demandadas y perjudica a los consumidores que esperan respuesta. Para justificar el recorte, el Ministerio esgrimió que la creación de 500 nuevas plazas judiciales y la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia hacían innecesarios los refuerzos. El CGPJ replica con un dato que desactiva ese argumento: las nuevas plazas de las secciones civiles de los tribunales de instancia no echarán a andar hasta el 1 de noviembre de 2027. No es, por tanto, una solución para el atasco de este año.