Treinta años de espera para que un tribunal resuelva una apelación. Ese es el horizonte que dibuja el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid si el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mantiene su decisión de no renovar los refuerzos en los órganos especializados en condiciones generales de la contratación. El Colegio ha trasladado este miércoles al departamento su rechazo frontal a una medida que, advierte, puede agravar de forma crítica la situación de miles de ciudadanos atrapados en litigios hipotecarios y bancarios.

Un atasco que se mide en décadas

Las cifras dan la dimensión del problema. En la Audiencia Provincial de Madrid, las secciones civiles y mercantiles arrastran 41.061 recursos pendientes, buena parte de ellos vinculados a pleitos de consumidores y condiciones generales de la contratación. Con una capacidad media de resolución de unos 1.500 recursos al año, la aritmética es demoledora: la respuesta en segunda instancia podría proyectarse hacia los 30 años. Traducido a personas, miles de consumidores verían su apelación en el limbo durante décadas.

Y la primera instancia no ofrece consuelo. En los juzgados especializados se están admitiendo a trámite demandas presentadas en 2020, de modo que muchos ciudadanos esperan años solo para que su reclamación eche a andar. Retirar los refuerzos, sostiene el Colegio, no corregirá ese retraso: lo empeorará.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, lo resume sin rodeos en su escrito: «Una Justicia que llega 20 o 30 años tarde no es Justicia. Es una denegación práctica de tutela judicial efectiva».

Lo que hay detrás de cada expediente

No se trata de disputas menores. Los procedimientos afectados incluyen hipotecas multidivisa, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, vencimiento anticipado e intereses abusivos, entre otras condiciones incluidas en contratos con consumidores. En las hipotecas multidivisa, lo que se ventila puede alcanzar los 60.000 euros, con familias expuestas a un riesgo patrimonial severo e incluso a perder su vivienda habitual. En los casos de gastos hipotecarios, las reclamaciones rondan los 2.000 euros: una cantidad más modesta en apariencia, pero decisiva para muchos hogares y multiplicada por un volumen ingente de asuntos.

El alcance excede a Madrid. Según el Consejo General del Poder Judicial, la decisión ministerial afecta a 62 órganos judiciales en toda España. El propio CGPJ ha pedido al Ministerio que reconsidere la denegación del aval económico de los refuerzos y ha alertado de que la medida puede forzar la paralización o suspensión de actuaciones necesarias para asegurar un proceso sin dilaciones indebidas.

En la capital, la Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial ha avisado de que el fin de los refuerzos golpeará directamente a 13 secciones y sumará más de cuatro años a los tiempos de respuesta actuales. Ha recordado, además, que la litigiosidad civil que soporta la Audiencia multiplica por 4,5 el módulo de entrada fijado por el CGPJ.

El derecho del artículo 24, «vaciado de contenido»

Para el ICAM, este panorama choca de frente con el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución. Un derecho que, subraya, no se agota en la posibilidad formal de presentar una demanda, sino que reclama una respuesta real, útil y en un plazo razonable. Cuando una demanda tarda años en admitirse y una apelación puede quedar encallada durante décadas, esa garantía —advierte el Colegio— se vacía de contenido y la Justicia deja de reparar para convertirse en una carga añadida para quien ya pudo sufrir una práctica abusiva.

La factura para el Estado: responsabilidad patrimonial

El Colegio añade un argumento con consecuencias jurídicas directas. Estas demoras, sostiene, pueden causar daños económicos concretos e individualizados: erosionar la capacidad financiera de los afectados, prolongar situaciones de endeudamiento, impedir recuperar cantidades pagadas de forma indebida y ahondar la incertidumbre patrimonial de miles de familias. Y recuerda que el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia puede abrir la puerta a la responsabilidad patrimonial del Estado, reclamable cuando concurren daños efectivos, evaluables e individualizados.

Un frente jurídico común

La inquietud es compartida por el conjunto de los operadores. El CGPJ ha reclamado revertir la retirada de refuerzos en los 62 órganos; las asociaciones judiciales APM, AJFV y FJI han calificado la pendencia de «sencillamente insoportable»; y la Junta de Presidentes madrileña insiste en sus 41.061 recursos atascados, las 13 secciones afectadas y los retrasos de más de cuatro años. El ICAM ha expresado su respaldo explícito a la Audiencia Provincial de Madrid y hace suya la gravedad del diagnóstico.

Con ese aval, el Colegio exige al Ministerio una rectificación inmediata, el mantenimiento de los refuerzos y un plan urgente, estructural y bien dotado para reducir la pendencia y devolver los plazos a lo exigible en un Estado de Derecho. Su conclusión es tajante: la protección de los ciudadanos, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva no pueden supeditarse a criterios presupuestarios, porque sin refuerzos habrá más retrasos, apelaciones cercanas a las tres décadas y un deterioro mayor del servicio público de Justicia.