La creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales no bastará por sí sola para agilizar la Justicia si no llega acompañada de refuerzos en el resto de la estructura judicial. Es la advertencia de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), que reclama más de 400 plazas de letrados (LAJ) para no reproducir los mismos atascos aguas abajo del procedimiento.
El aviso llega en respuesta al Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que crea 500 plazas judiciales y 200 de fiscales. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes presentó la medida como un paso más hacia la agilidad y la eficiencia que persigue la Ley Orgánica 1/2025.
La Justicia no funciona sólo con más jueces y más fiscales
La UPSJ valora positivamente esas plazas, pero lamenta que el decreto no venga con un aumento paralelo de LAJ y de funcionarios de los cuerpos generales. Sin ese acompañamiento, sostiene, «difícilmente permitirá alcanzar los objetivos de agilidad y eficiencia que se persiguen». La asociación resume el problema con una imagen: ampliar solo una parte del sistema tiene el «riesgo evidente» de aumentar la capacidad de un tramo mientras se mantienen «los mismos cuellos de botella en el resto».
De ahí su mensaje de fondo: «La Justicia no funciona únicamente con más jueces y más fiscales». La asociación reivindica el peso de los letrados en el impulso de los procedimientos, el dictado de las resoluciones de su competencia, la organización de la actividad procesal y el funcionamiento de los servicios comunes, una labor que —dice— se está quedando olvidada en el nuevo modelo desplegado con la Ley de Eficiencia, también para el propio Ministerio.
Una cifra concreta: 431 plazas
El colectivo lleva tiempo alertando de que las plantillas actuales son insuficientes, y más aún tras el cambio de sistema judicial. Y pone el foco en los indicadores que, a su juicio, el Ministerio ha dejado fuera del relato: «El propio Ministerio ha destacado un incremento del 4% en los señalamientos. Sin embargo, no ha ofrecido datos sobre otros indicadores esenciales para el ciudadano, como los tiempos de admisión, los emplazamientos, las ejecuciones o la obtención de resoluciones firmes». Y son precisamente esos ámbitos, subraya, donde el trabajo de LAJ y funcionarios resulta determinante.
Con esos argumentos, la UPSJ cifra en 431 las plazas de LAJ necesarias para asumir la carga actual, una cifra que trasladará al Ministerio. Su conclusión es tajante: la modernización de la Justicia no será posible sin una planificación adecuada de la plantilla de letrados.
