La entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta a través del espigón del Tarajal, los pasados 30 y 31 de julio, ha llevado a cuatro asociaciones de jueces y fiscales a reclamar «una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea». En un comunicado conjunto, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España expresan su «dolor por la pérdida de vidas humanas» y su solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y Melilla.
Las entidades lamentan que estos «graves acontecimientos» hayan tenido «el trágico resultado de al menos 72 personas fallecidas, así como un elevado número de personas heridas y desaparecidas aún por determinar», una cifra que las autoridades no descartaban elevar mientras proseguía la búsqueda. La magnitud de lo ocurrido, sostienen, exige «una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos y fundamentales».
Control de fronteras dentro del marco constitucional
El comunicado parte de una premisa que las asociaciones no discuten: el control de las fronteras es «una competencia legítima del Estado» que responde a la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad. Ahora bien, matizan, esa potestad «debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos», sin que ninguna finalidad, «por legítima que sea, pueda anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas».
En esa línea, subrayan que la presión migratoria extrema «no altera la vigencia de los derechos fundamentales ni rebaja las exigencias propias del Estado de derecho». Al contrario: es en los contextos de máxima dificultad, sostienen, cuando las instituciones democráticas deben reafirmar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, «cualquiera que sea el origen o la situación administrativa de las personas afectadas». De ahí que adviertan de que estos hechos «no pueden convertirse en pretexto para alimentar el discurso de odio, la xenofobia o el llamamiento a la persecución de las personas migrantes».
Detrás de cada frontera hay seres humanos
El texto defiende que firmeza fronteriza y respeto a los derechos fundamentales «no son incompatibles», sino que «ambos integran las obligaciones de un Estado social y democrático de derecho». Solo desde ese equilibrio, argumentan, será posible ofrecer una respuesta acorde con los valores constitucionales y europeos y evitar que «una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social».
Por eso reclaman que el debate público se desarrolle «desde el rigor y el respeto institucional», sin respuestas simplistas ni discursos que erosionen la convivencia. El comunicado se cierra con una advertencia: «Detrás de cada frontera hay seres humanos, y ninguna respuesta política puede olvidar que la protección de su vida y su dignidad constituye un deber ineludible».
