Publicado en Abogacía
Coincidiendo con la apertura del año judicial, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios un decálogo con diez propuestas prioritarias para mejorar el funcionamiento de la Justicia y corregir las disfunciones que la abogacía viene detectando en la aplicación práctica de las últimas reformas.
El documento se apoya en la experiencia directa de los profesionales y en los estudios del propio Colegio sobre la Ley Orgánica 1/2025, la Justicia Digital y las dilaciones. Su decano, Eugenio Ribón, resume la filosofía del texto en una idea: la política de Justicia no puede medirse por el número de leyes aprobadas o de herramientas implantadas, sino por su capacidad para facilitar el acceso a los tribunales, reducir tiempos, ofrecer seguridad jurídica y garantizar el derecho de defensa. Detrás de cada propuesta, sostiene, hay problemas concretos que afectan a ciudadanos, empresas y profesionales y que, en muchos casos, tienen solución.
Las diez propuestas
1. Revisar la obligatoriedad de los MASC. Es la primera prioridad. Un estudio del Colegio entre 1.164 abogados arroja un diagnóstico demoledor sobre los medios adecuados de solución de controversias como requisito de procedibilidad: el 84% rechaza su obligatoriedad, solo el 10% de los intentos acaba en acuerdo, el 90% cree que ralentizan los procedimientos, el 50,7% ha tenido dificultades para acreditar el intento negociador y el 71% detecta criterios judiciales dispares, con una valoración media de 1,6 sobre 10. El ICAM no cuestiona la negociación o la mediación en sí, sino su imposición general, y plantea dudas sobre su encaje con el artículo 24 de la Constitución, con especial atención a los procedimientos de familia con menores y a los conflictos transfronterizos.
2. Evaluar los Tribunales de Instancia. El Colegio pide que el balance de la Ley Orgánica 1/2025 no se limite a los MASC y que se analice también el impacto de los nuevos Tribunales de Instancia sobre los tiempos de respuesta, la organización judicial y la seguridad jurídica, con capacidad para rectificar las disfunciones que aparezcan.
3. Una Justicia Digital eficaz y participada. El I Estudio ICAM sobre Justicia Digital (1.373 respuestas) refleja que el 46,9% de los profesionales está insatisfecho con su funcionamiento y que el 59,4% sufre problemas frecuentes para acceder al expediente electrónico completo y ordenado. El Colegio reclama acceso íntegro a expedientes y grabaciones, interoperabilidad, protección de la confidencialidad abogado-cliente y mecanismos ante los fallos técnicos. Y subraya que el 95,4% de los encuestados pide institucionalizar la participación de la abogacía en el diseño de estas herramientas y de la IA.
4. Una pasarela al RETA segura y transparente. Tras la aprobación de la pasarela voluntaria, el ICAM urge un desarrollo reglamentario ágil que no introduzca nuevas exclusiones y que ofrezca a cada mutualista información individualizada sobre sus derechos acumulados y las consecuencias económicas de la transferencia.
5. Reformar a fondo la justicia gratuita. En el 30.º aniversario de la Ley 1/1996, el Colegio propone pagar todas las actuaciones efectivamente realizadas, actualizar los baremos de forma periódica, revisar los umbrales de acceso y la referencia al IPREM, y elaborar un Estatuto de la Abogacía de Oficio.
6. Atajar las dilaciones y rescatar los refuerzos en lo social. El ICAM reclama sistemas de información en tiempo real sobre el inicio de las actuaciones y una agenda de señalamientos actualizada, y alerta del colapso de la jurisdicción social: en materias como incapacidad permanente, prestaciones o despidos, los señalamientos a tres o cuatro años vista vacían de contenido la tutela judicial. Pide recuperar las medidas extraordinarias de apoyo en estos órganos.
7. Reforzar medios y preservar la independencia judicial. El Colegio sitúa entre las prioridades la dotación de plantillas de jueces, letrados y personal, mejores infraestructuras tecnológicas y el refuerzo de los equipos psicosociales, en paralelo a una defensa inequívoca de la independencia judicial y la separación de poderes.
8. Un derecho efectivo a la conciliación. Reclama mecanismos para suspender vistas y plazos por enfermedad, nacimiento, hospitalización o fallecimiento, el derecho a la desconexión y un periodo anual sin notificaciones. Valora como avance la doctrina del Tribunal Supremo de 2026, que anuda la nulidad de la actuación a la denegación injustificada de la suspensión de una vista por enfermedad acreditada del abogado.
9. Un agosto realmente inhábil. El ICAM ha llevado al Congreso propuestas para ampliar la inhabilidad de agosto en la jurisdicción social —con las excepciones necesarias para lo urgente— y para declararlo inhábil a efectos de determinados recursos administrativos, como los de alzada y reposición.
10. Desbloquear las cuentas de consignación judicial. El decálogo se cierra con una reforma, ya registrada en el Congreso, para que los fondos reconocidos por resolución firme —el Colegio cifra en unos 4.800 millones de euros lo inmovilizado— se entreguen en un plazo razonable y las demoras generen intereses compensatorios automáticos.
Evaluar, corregir y mejorar
Con este decálogo, el ICAM plantea una agenda para el nuevo curso basada en tres principios: evaluar las reformas por sus resultados, escuchar a quienes trabajan a diario en la Justicia y reforzar las garantías del ciudadano y del derecho de defensa. La calidad de la Justicia, remató Ribón, no se mide por el número de reformas aprobadas, sino por la confianza que merece y por las respuestas reales que ofrece a ciudadanos y empresas cuando necesitan hacer valer sus derechos.
