El Derecho Tributario se ha convertido en la especialidad jurídica que más crece en España, y también en una de las que más incertidumbre genera. Con esa doble constatación, la Abogacía Española presentó este miércoles su Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT), un órgano estratégico formado por once especialistas que analizará los retos del sistema fiscal y formulará propuestas para reforzar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contribuyentes.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, enmarcó la iniciativa en la necesidad de incorporar conocimiento experto allí donde el ordenamiento exige cada vez mayor especialización, con la aspiración de que el nuevo órgano se convierta en un referente en la materia desde la óptica de la abogacía. «La seguridad jurídica es una garantía para los ciudadanos y un pilar esencial del Estado de derecho», subrayó. «Con este Consejo Asesor queremos poner el mejor conocimiento jurídico al servicio de una normativa más clara, más predecible y más justa».
Una especialidad que ha duplicado su facturación
El contexto explica buena parte del movimiento. Según los datos elaborados por la Abogacía Española a partir de información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación de esta especialidad ha pasado de 654 millones de euros en 2019 a cerca de 1.388 millones en 2024: un crecimiento acumulado del 112%, muy por encima de la evolución del conjunto del sector jurídico.
El CADT nace como espacio permanente de análisis para estudiar la evolución del sistema tributario y proponer una regulación más clara, estable y predecible. Entre sus fines figuran también impulsar el diálogo institucional, favorecer la colaboración con las administraciones públicas, promover la formación especializada y elaborar estudios e informes que mejoren la calidad del sistema.
Quiénes lo integran
La composición busca combinar academia, experiencia institucional y práctica profesional. Lo integran José Manuel Almudí, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Bernardo Bande, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF); Gabriel Casado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Complutense; Pablo Chico, catedrático de la misma materia en la Universidad Rey Juan Carlos; Maximino Linares, abogado del Estado especializado en litigación tributaria; Sandra González de Lara, magistrada del Tribunal Supremo; Cristina Llop, consejera y tesorera de la Abogacía Española; Antònia Martí y Manuel Mata, consejeros de la institución; Saturnina Moreno, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha; y José Andrés Sánchez, abogado y catedrático de la especialidad.
El equilibrio entre Hacienda y contribuyente
El primer cometido del órgano será generar debate y proponer soluciones que mejoren el equilibrio entre las funciones de las administraciones tributarias y la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes, partiendo de una premisa: el deber de contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar debe convivir con un respeto escrupuloso a esos derechos. Sus análisis se centrarán en la calidad normativa, la seguridad jurídica, la predecibilidad de las decisiones administrativas, el derecho de defensa y el secreto profesional.
Agosto, en el punto de mira
Entre los asuntos transversales asoma uno especialmente sensible para el ejercicio profesional: el régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto en el ámbito tributario. El Consejo estudiará fórmulas que permitan compatibilizar el funcionamiento ordinario de las administraciones con una mejor conciliación de los abogados fiscalistas, sin merma de la tutela de los contribuyentes. Sobre la mesa, posibles mecanismos de flexibilidad o de inhabilidad parcial durante ese periodo, orientados a reforzar tanto la protección de los ciudadanos como la dignidad y las condiciones de ejercicio de quienes los representan.
