La Audiencia Nacional ha cerrado otra puerta a las grandes constructoras en el litigio por el cártel que operó durante 25 años en la obra pública española. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de Acciona Construcción contra la reapertura del expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en la misma línea que ya adoptó el año pasado con Sacyr y FCC.

La sentencia, dictada el 29 de junio, resuelve una batalla estrictamente procedimental: no entra en el fondo del asunto, que continúa sin resolverse y que, en el caso de Acciona, afecta a una multa de 29,4 millones de euros. El fallo impone además las costas a la compañía que preside José Manuel Entrecanales.

Ocho años de expediente y una caducidad aprovechada

El procedimiento acumula ya ocho años de incoaciones y pleitos. La primera apertura data de 2018, pero caducó en 2020 y fue archivada. Acto seguido, la CNMC abrió un nuevo expediente por los mismos hechos y acabó imponiendo una sanción conjunta de 203,6 millones de euros a todas las implicadas.

El recurso de Acciona apuntaba precisamente a esa maniobra: la resolución de julio de 2020 con la que Competencia declaró la caducidad —al haberse superado con creces el plazo máximo de 18 meses— y ordenó el archivo, para reabrir de inmediato el procedimiento sobre los mismos hechos.

La Sala confirma la validez del archivo por caducidad, pero declara «inadmisible» la impugnación contra la orden de iniciar un nuevo proceso. Su razonamiento desactiva el argumento central de las constructoras: la caducidad de un procedimiento no implica prescripción ni impide ejercer nuevas actuaciones, de modo que la CNMC conservaba la potestad de volver a empezar. Las multas, por tanto, siguen en vigor a la espera de los pronunciamientos sobre el fondo.

Las cifras del cártel

Además de los 29,4 millones que afronta Acciona, el reparto sancionador incluye 57,1 millones para Dragados, 40,4 para FCC, 38,5 para Ferrovial, 21,5 para OHLA y 16,7 para Sacyr. Todas ellas han recurrido.

En un proceso paralelo, la propia Audiencia Nacional acordó suspender cautelarmente tanto las sanciones como la prohibición de contratar con la Administración pública. Eso sí, con una condición: que las compañías presentaran un aval bancario o garantía equivalente por el importe de la multa, de modo que quede asegurado el pago y protegido el erario si los recursos acaban desestimados.

Reuniones semanales desde 1992

El origen de todo está en la investigación con la que la CNMC destapó que, desde 1992, las seis compañías se reunían con periodicidad semanal para decidir en qué contratos públicos compartirían los trabajos técnicos de sus ofertas. Intercambiaban además información sobre su estrategia de concurrencia a las licitaciones, en un abanico que abarcaba hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.