El Consejo General de la Abogacía Española ha salido en defensa del colectivo ante lo que describe como una «tendencia a la descalificación pública» y unos «ataques personales» crecientes contra los letrados. Su mensaje central es un principio elemental que, advierte, conviene recordar: «no se puede identificar a un abogado con su cliente o con la causa que defiende».
En una declaración institucional, la organización sostiene que «la libertad, la independencia y la seguridad en el ejercicio de la abogacía constituyen una garantía esencial del Estado de derecho», y que solo cuando los profesionales pueden ejercer «sin presiones, intimidaciones o injerencias» es posible proteger de forma efectiva los derechos de la ciudadanía.
Un fenómeno «intensificado» y global
La Abogacía sitúa el problema en los últimos meses, en los que —afirma— se ha agudizado la descalificación de letrados «mediante ataques personales en medios de comunicación, redes sociales e incluso desde el ámbito institucional», por el simple hecho de asumir la defensa de sus clientes. Y lo enmarca en una preocupación compartida a escala internacional, donde otras instituciones detectan también un aumento de la estigmatización, las amenazas y las agresiones a la profesión.
El principio: defender no es compartir
El eje de la declaración es la separación entre el abogado y aquello que defiende. El letrado, recuerda el Consejo, «no hace suyas las ideas, los intereses o la conducta de quien representa»: su misión es garantizar el derecho a una defensa efectiva, con pleno respeto a la legalidad, la deontología y las reglas del proceso. Confundir ambos planos, viene a decir, erosiona una garantía básica de cualquier democracia.
Llamamiento al «máximo respeto»
La institución subraya que se trata de una realidad que afecta a toda la abogacía, y de manera especial a quienes prestan el servicio de justicia gratuita y a quienes intervienen en procedimientos de gran repercusión pública, por cumplir «una función constitucional imprescindible». Por ello reclama a los poderes públicos y a la sociedad que eviten «cualquier discurso que identifique al abogado con su cliente o que lo descalifique por la causa que defiende». Proteger la independencia de la profesión, concluye, equivale a preservar «el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y el Estado de derecho».
En esa línea se pronunció el presidente de la Abogacía, Salvador González, que reivindicó la independencia y la seguridad de los letrados como «garantías esenciales» tanto para los profesionales como para los ciudadanos. «Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia de la profesión y reclamamos el máximo respeto hacia quienes la ejercen, rechazando cualquier identificación del abogado con su cliente o con la causa que defiende», señaló.
