La abogacía no se opone a que la Justicia se digitalice. Lo que rechaza es cómo se está haciendo. Esa es la conclusión que atraviesa el primer estudio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) sobre el impacto real de la Justicia digital en el trabajo diario de la profesión, elaborado a partir de las respuestas de 1.373 colegiados.

El retrato es severo. Casi la mitad de los participantes —el 46,9%— se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento actual del sistema, frente a un 22,3% que lo valora positivamente. La nota media se queda en un 2,6 sobre 5. Y en cuanto a su efecto sobre los plazos, el balance empeora: un 29,8% cree que apenas contribuye a agilizar los procedimientos y un 26% sostiene que directamente los entorpece, mientras que solo un 7,5% aprecia una mejora clara.

«La abogacía madrileña no rechaza la transformación digital. Lo que rechaza es una digitalización concebida e implantada sin escuchar suficientemente a quienes utilizan diariamente los sistemas», resume el decano del ICAM, Eugenio Ribón, para quien la tecnología «solo es un avance cuando mejora el servicio público y refuerza las garantías».

El expediente electrónico, principal foco de fricción

El Expediente Judicial Electrónico concentra las críticas más intensas. Un 50,6% lo considera un avance, pero solo un 13,8% lo ve como un progreso sin matices: el 36,9% lo describe como un avance lastrado por problemas importantes y un 22% afirma que ha complicado la instrucción de los asuntos.

Las dificultades de acceso son el gran cuello de botella. El 59,4% tropieza con frecuencia o muy frecuentemente con problemas para consultar el expediente de forma completa, ordenada y con la antelación debida, y otro 29,4% los sufre ocasionalmente. Sumados, cerca de nueve de cada diez profesionales se han topado con este obstáculo al menos alguna vez.

Los fallos más citados son los documentos incompletos o mal incorporados (57,7%), seguidos de las trabas para acceder a grabaciones y archivos audiovisuales (51,5%), las diferencias de funcionamiento entre juzgados o territorios (49,4%), la dificultad para localizar documentos (48,9%) y la ausencia o deficiencia del índice electrónico (42,8%).

Para Javier Mata, diputado responsable de Defensa de la Abogacía del ICAM, el asunto no es meramente técnico: «Un expediente incompleto, una grabación inaccesible o un documento que no puede localizarse no son simples incidencias informáticas», advierte, porque «detrás de cada fallo tecnológico puede haber un ciudadano cuyas garantías procesales se vean comprometidas».

No sorprende, por tanto, que el acceso íntegro al expediente encabece la lista de mejoras urgentes, señalado por el 73,3%. Le siguen la interoperabilidad entre plataformas y territorios (49,4%), la correcta ordenación e indexación (45,6%) y el soporte ante incidencias (41,9%).

El turno de oficio, el eslabón más castigado

Los datos revelan una brecha interna. Quienes ejercen en el turno de oficio —un 18,1% de la muestra— encabezan de forma sistemática todos los indicadores de fricción: un 68,5% sufre problemas frecuentes de acceso al expediente, por encima del 64,8% de los despachos pequeños y medianos y del 55,7% de la abogacía in-house.

Es además el colectivo con menor confianza en la seguridad de las plataformas (un 47,5% confía poco o nada en que garanticen la confidencialidad) y el que más padece fallos técnicos con impacto en la defensa (16%, frente al 12,4% del conjunto). Y es el único ámbito donde la valoración negativa del expediente electrónico supera a la positiva: un 45,9% frente a un 43,6%.

Juan Manuel Mayllo, diputado responsable del Turno de Oficio, sitúa ahí el punto más delicado: estas dificultades, señala, «resultan especialmente graves» donde se trabaja «con plazos muy ajustados» y se atiende «a personas en condiciones de especial vulnerabilidad». Si el expediente está incompleto o la plataforma falla, advierte, «se compromete la defensa de quien depende del sistema público para hacer valer sus derechos».

Incidencias sin respuesta y dudas sobre la seguridad

El 59,7% ha sufrido al menos alguna vez fallos tecnológicos que han afectado al ejercicio de la defensa, y un 12,4% los padece de forma habitual. Lo más llamativo es la ausencia de red de seguridad: solo un 8,6% cree que existen mecanismos rápidos y eficaces para reportar una incidencia y resolverla, mientras que un 43% niega que existan y un 36,2% dice que funcionan solo a veces. El Colegio reclama canales de asistencia inmediatos y protocolos que impidan que una caída del sistema perjudique un plazo o una actuación procesal.

La confianza en la seguridad tampoco acompaña: un 42,1% confía poco o nada en que las plataformas protejan la confidencialidad y el secreto profesional, y solo un 13,7% lo hace plenamente. El ICAM insiste en que el secreto profesional no puede quedar condicionado por las limitaciones de una herramienta.

Videoconferencias sí, juicios telemáticos con reservas

Las valoraciones mejoran cuando se pregunta por las videoconferencias: un 17,3% aprecia una mejora clara y un 38,1% la percibe en determinados actos, frente a un 16,1% que no ve avance y un 12,5% que cree que han empeorado el servicio.

Con los juicios telemáticos, en cambio, predomina la cautela. Solo un 26,4% respalda su uso general, mientras que un 36,8% los acepta únicamente para actuaciones sencillas o no controvertidas, un 21% se opone y un 14,8% lo condiciona al tipo de procedimiento. Los riesgos más citados son los problemas técnicos durante la vista (68,3%), la dificultad para valorar la prueba testifical o pericial (56,6%), la menor inmediación judicial (53,8%) y las trabas para comunicarse con el cliente (43,4%).

La inteligencia artificial, bajo sospecha

La irrupción de la IA en el sistema judicial genera una inquietud considerable: un 59,3% se declara muy o bastante preocupado por su uso por parte de magistrados y fiscales, y solo un 20,5% le resta importancia. La fórmula más respaldada es admitirla solo como herramienta auxiliar con control humano (46,1%), mientras que un 28,6% la prohibiría en decisiones judiciales o fiscales sustantivas.

La transparencia se impone como demanda: el 75,7% apoya alguna obligación de declarar su uso en los procedimientos. Entre los riesgos, destacan los errores o sesgos (76,6%) y la falta de control humano suficiente (67,2%), seguidos de la responsabilidad profesional derivada de su empleo (45,3%) y el tratamiento de datos confidenciales (43,6%).

El dato más rotundo: el 95% quiere ser escuchado

Si un resultado destaca sobre el resto es la demanda de participación. Un 95,4% considera que la abogacía debería intervenir más activamente en el diseño, evaluación y mejora de las herramientas digitales, y para un 76,9% esa participación es prioritaria. El Colegio reclama que sea estable y efectiva desde las fases iniciales de elaboración normativa y diseño tecnológico, no cuando los problemas ya se han trasladado a los procedimientos.

«Escuchar a la abogacía no es defender un interés corporativo», sostiene Ribón. «Es incorporar al proceso de transformación digital la experiencia de quienes conocen las consecuencias que puede tener cada deficiencia sobre un procedimiento y sobre la vida de un ciudadano».

Las respuestas abiertas completan el cuadro con testimonios de expedientes sin foliar, grabaciones inaccesibles, plataformas distintas según el territorio y plazos que siguen corriendo pese a no haberse facilitado toda la documentación. De ahí que los colegiados pidan al ICAM mecanismos de protección frente a las consecuencias procesales de los fallos técnicos y firmeza ante las administraciones cuando las carencias del sistema puedan generar desigualdad de armas o indefensión.

La muestra, por último, refleja un perfil experimentado: el 41% de los participantes tiene entre 36 y 55 años, el 39,1% entre 56 y 65, el 13,5% supera los 66 y solo un 6,3% tiene hasta 35 años.