El Consejo General del Poder Judicial ha destrabado uno de los expedientes más espinosos que tenía sobre la mesa: cuánto trabajo puede asumir un juez antes de que la acumulación de asuntos se convierta en un riesgo para su salud.

El Pleno aprobó un documento que servirá de base para una futura instrucción sobre cargas judiciales saludables. El texto se remitirá a las asociaciones judiciales y a los órganos de gobierno de los tribunales, que podrán presentar alegaciones hasta el 15 de septiembre. La propuesta salió adelante con los votos de los diez vocales del bloque conservador, el del vocal progresista Carlos Hugo Preciado y el respaldo de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, según fuentes del Consejo conocedoras de la negociación.

El origen del acuerdo es una obligación judicial: la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2023 (recurso 128/2022), que impuso al Consejo regular las cargas de trabajo desde la óptica de la prevención de riesgos laborales, mediante un sistema objetivo, transparente y revisable.

Dos formas de mirar los mismos juzgados

El debate se libró entre dos metodologías. De un lado, los informes ISI 1748/2026 e ISI 2179/2026 del Servicio de Inspección, que analizaron órganos estables entre 2021 y 2025 para calcular su capacidad de funcionamiento observada. De otro, un enfoque alternativo que ensanchó el foco hasta 2018 y cruzó tres variables: asuntos ingresados, capacidad de resolución y volumen de procedimientos pendientes.

Este segundo análisis —cuya lógica acabó imponiéndose— advertía de un riesgo evidente: normalizar una carga soportada durante años excepcionales, marcados por el repunte de la litigiosidad, los efectos de la pandemia y el déficit de jueces. La distinción es de fondo. Una cosa es medir cuántos asuntos han logrado despachar los juzgados bajo presión sostenida, y otra muy distinta concluir que ese volumen es saludable.

La litigiosidad creció un 26% desde 2018

Las cifras respaldan esa cautela. Entre 2018 y 2025, los asuntos ingresados en los tribunales pasaron de 5,99 a 7,55 millones: 1,55 millones más, un 26% de aumento.

El tirón se concentró en lo Civil, donde los procedimientos recibidos crecieron un 47,8%, de 2,22 a 3,28 millones. En lo Social el incremento fue del 26,5% (de 405.945 a 513.628 asuntos) y en lo Penal, del 12,7%, mientras que la entrada en Contencioso-Administrativo cayó un 4,7%.

El dato es relevante porque los informes de Inspección se centraron en el periodo 2021-2025 pero compararon sus resultados con los módulos históricos de 2018. Confrontar periodos distintos sin valorar la evolución completa, sostiene el documento aprobado, podía llevar a etiquetar como saludable lo que en realidad reflejaba años de sobrecarga.

Más resolución y, aun así, más atascos

La evolución de la tasa de resolución —la relación entre asuntos resueltos e ingresados— refuerza el argumento. En lo Civil pasó del 90,5% en 2018 al 100,6% en 2025: los juzgados llegaron a resolver algo más de lo que entraba. Y, pese a ello, su pendencia creció un 88,2%, de 1,42 a 2,67 millones de procedimientos.

En lo Social el patrón se repite con un deterioro añadido: los asuntos pendientes aumentaron un 82,9% (de 287.434 a 525.652) mientras la tasa de resolución caía del 96,1% al 90,5%. La pendencia penal subió un 76,1% y la contencioso-administrativa, un 16,7%. En conjunto, los asuntos en tramitación pasaron de 2,6 millones en 2018 a 4,67 millones en 2025, un 79,1% más.

La conclusión que extrae el documento es difícil de rebatir: los órganos judiciales no han absorbido el aumento de la litigiosidad ni siquiera elevando su capacidad de resolución. Convertir ese esfuerzo extraordinario en el nuevo módulo saludable equivaldría a consolidar la sobrecarga.

Las horquillas que se manejan

Durante la negociación se defendió, como criterio de prudencia, que ningún órgano civil o social superara los módulos de 2018, y que el aumento de plazas judiciales anunciado por el Gobierno sirviera para repartir la litigiosidad y reducir la pendencia, no para elevar lo exigible a cada juez.

Sobre la mesa llegaron a manejarse referencias de unos 2.500 asuntos para los órganos civiles —frente a los 1.500 de 2018— y de 1.500 para los sociales, frente a los 900 citados por fuentes del Consejo, propuestas respaldadas mayoritariamente por el grupo progresista. No prosperaron.

El texto aprobado opta por una solución de compromiso: en Primera Instancia Civil plantea provisionalmente una horquilla de 1.200 a 1.500 asuntos, con la obligación de distinguir en el futuro los que terminan por resolución judicial de los que concluyen mediante decreto del letrado de la Administración de Justicia. En lo Social con ejecución, la franja se sitúa entre 800 y 1.000; y sin ejecución, entre 900 y 1.100. En todos los casos, el suelo de la horquilla preserva el módulo de 2018. Las cifras quedan ahora abiertas a las aportaciones de las asociaciones judiciales.

Prevención, no productividad

El documento fija un límite conceptual importante: estos parámetros no podrán emplearse como objetivos individuales de productividad, módulos retributivos ni instrumentos disciplinarios. Su función es detectar situaciones de vigilancia, sobrecarga o riesgo para la salud.

Deberán calcularse, además, sobre la plantilla judicial realmente disponible, computando vacantes, bajas, reducciones de jornada y refuerzos temporales. Y el sistema será revisable, con adaptación a la implantación de los tribunales de instancia. Pasado el 15 de septiembre, el Consejo estudiará las propuestas asociativas y avanzará en la redacción de la instrucción.

El debate, por tanto, sigue abierto. Pero el principio que se abre paso tiene una formulación sencilla: haber soportado una carga extraordinaria no la convierte en normal, y mucho menos en saludable.