Hay imágenes que valen por todo un tratado de teoría del Estado. Una de ellas es la de un Gobierno cercado por los tribunales creando, por real decreto, una comisión para combatir la corrupción y colocándose a sí mismo al frente del invento. No es una metáfora: es el Real Decreto 711/2025, de 26 de agosto, por el que se crea la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Léalo despacio, porque merece la pena.
El diseño institucional lo dice todo. La Comisión queda adscrita al Ministerio de Hacienda y presidida por su titular; la vicepresidencia recae en la ministra de Trabajo; y como vocales figuran los responsables de Presidencia-Justicia, Interior, Cultura y Transformación Digital y Función Pública. Es decir, el poder ejecutivo se encomienda a sí mismo la tarea de dirigir, coordinar y evaluar la lucha contra un fenómeno que, por definición, anida sobre todo en el propio poder. Se nombra guardián y vigilado a la vez. En cualquier manual de gobernanza, a esto se le llama conflicto de interés estructural. En el BOE, se le llama «compromiso con una gobernanza íntegra».
La guinda es la anunciada Agencia Independiente de Integridad Pública, que se incorporará a la Comisión «una vez se haya constituido y puesto en funcionamiento». Un órgano al que se bautiza como independiente y al que, acto seguido, se sienta a la mesa que preside el Gobierno de turno. La independencia, cuando de verdad existe, no necesita adjetivarse en el nombre; se garantiza con el modo de nombrar a sus miembros, con su presupuesto blindado y con su capacidad de investigar a quien la creó. Nada de eso está resuelto. Y lo que no se resuelve en la norma, no existe en la práctica.
El problema no es el plan; es quién lo sostiene
Que España necesita reforzar sus mecanismos anticorrupción es incontestable. El propio decreto invoca las recomendaciones del GRECO —el grupo del Consejo de Europa—, de la OCDE y de Naciones Unidas. El detalle incómodo es que ese mismo GRECO lleva años señalando a España precisamente por lo contrario de lo que este plan simboliza: por la politización en el gobierno de los jueces y por la permeabilidad entre poder político y órganos de control. Presumir de seguir al GRECO mientras el Ejecutivo se erige en supervisor de su propia integridad es, como poco, una ironía difícil de sostener con la cara seria.
Y el contexto agrava la sospecha. El plan se aprueba mientras el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados —el primer fiscal general en ejercicio condenado en democracia— y mientras distintas causas judiciales rondan el entorno del propio presidente del Gobierno. Se puede discrepar de esas resoluciones; lo que no se puede es discrepar de ellas desde el poder y, a la vez, pretender erigirse en árbitro de la integridad ajena. Cuando un ministro afirma que el Gobierno tiene el «deber moral» de decir que no comparte una sentencia firme del Supremo, se dibuja con nitidez el verdadero problema: la incomodidad del poder político ante un poder judicial que no obedece.
La separación de poderes no es un adorno
Aquí está el fondo del asunto, y no es coyuntural. La lucha contra la corrupción no la libran las comisiones interministeriales ni los planes con quince medidas y cinco ejes. La libran jueces y fiscales independientes, con medios suficientes y sin cuentas que rendir al gobernante de turno. La libra una Administración con controles internos que no dependan del controlado. La liberan, en fin, contrapesos reales, no organigramas donde el vigilante y el vigilado comparten Consejo de Ministros.
De poco sirve un «plan estatal» si, al mismo tiempo, se estrangula presupuestariamente a los juzgados que resuelven los litigios de los ciudadanos, se demora la renovación de órganos constitucionales por cálculo partidista o se cuestiona públicamente cada fallo que incomoda. La integridad institucional no se decreta: se demuestra respetando al juez que te investiga, dotando de medios al que te juzga y aceptando la derrota cuando la sentencia llega. Todo lo demás es cosmética.
La verdadera reforma anticorrupción que este país necesita no cabe en un real decreto de cuatro páginas. Consiste en despolitizar el gobierno de los jueces, blindar la autonomía del Ministerio Fiscal frente al Ejecutivo que hoy propone a su cabeza, y crear agencias de control cuya independencia sea real y no meramente nominal. Es decir, en tomarse en serio, de una vez, la separación de poderes. Porque una democracia madura no se mide por cuántas comisiones crea para vigilarse, sino por cuánto acepta ser vigilada por quien no controla.
Mientras el guardián siga vigilándose a sí mismo, el resto es literatura de preámbulo.
