Hay una frase que se repite tanto en los actos colegiales que ha perdido casi todo su filo: «no se puede identificar al abogado con su cliente». La decimos con la boca pequeña, como quien recita una jaculatoria, y seguimos a lo nuestro. El problema es que, mientras la repetimos sin escucharla, en la calle, en los platós y en algunas tribunas institucionales ocurre exactamente lo contrario. Y conviene detenerse, porque lo que está en juego no es la comodidad de un gremio, sino uno de los tornillos que sostienen el Estado de derecho.
El Consejo General de la Abogacía ha creído necesario recordarlo por escrito. Que una obviedad jurídica de primer curso tenga que elevarse a declaración institucional dice bastante del momento. En los últimos meses se ha normalizado una práctica tóxica: señalar al letrado por la causa que defiende, como si asumir la defensa de alguien implicara suscribir sus ideas, sus intereses o su conducta. Y el señalamiento ya no llega solo desde el anonimato de las redes o desde el titular fácil; a veces baja desde las instituciones, que es donde más daño hace, porque es donde más debería cuidarse.
Recordemos lo evidente, ya que hay que recordarlo. El abogado no hace suya la causa de quien representa. Su función es asegurar que cualquier persona —la más antipática, la más impopular, la presuntamente culpable del delito más execrable— pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva con respeto a la ley, a la deontología y a las reglas del proceso. Ese es el oficio. No es un favor que el abogado le hace al reo: es una garantía que el sistema le ofrece a la sociedad entera, porque el día que dejemos de garantizar la defensa del peor de nosotros habremos dejado de garantizarla para todos.
Quien confunde al defensor con el defendido no comete un error de matiz. Comete un ataque, consciente o no, contra el derecho de defensa. Y lo hace, además, por la vía más cobarde: no discutiendo los argumentos jurídicos, que sería legítimo y hasta saludable, sino desacreditando a la persona que los sostiene. Es el viejo recurso de disparar al mensajero cuando el mensaje incomoda. En el ámbito de la Justicia, ese disparo tiene una víctima colateral inevitable: el ciudadano que mañana necesitará que alguien lo defienda sin miedo a ser linchado por hacerlo.
Conviene ser honesto también con las incomodidades del principio. Que un abogado no sea su cliente no lo convierte en un actor neutro ni exento de responsabilidad: responde de su conducta profesional, de su respeto a la deontología, de que su defensa no se transforme en fraude, obstrucción o encubrimiento. La independencia de la abogacía no es una patente de corso ni un salvoconducto para cualquier cosa. Pero una cosa es exigir responsabilidad por cómo se ejerce la defensa, y otra muy distinta reprochar que se ejerza. Lo primero es control democrático; lo segundo, intimidación.
El fenómeno, además, no es una anomalía española. Organismos internacionales llevan tiempo advirtiendo del aumento de la estigmatización, las amenazas y las agresiones contra abogados en países de todo signo. Cuando un régimen quiere estrechar el espacio de los derechos, rara vez empieza por prohibir la defensa: empieza por hacerla incómoda, cara, sospechosa. Primero se señala al abogado del disidente; luego, al del enemigo político; después, al de cualquiera que moleste. La pendiente es conocida, y por eso las democracias maduras la vigilan desde el primer escalón.
Nada de esto es abstracto para quienes sostienen el turno de oficio o intervienen en los procedimientos de mayor ruido mediático. Son ellos quienes más expuestos están al escarnio, y quienes cumplen una función constitucional más imprescindible: garantizar que el acceso a la Justicia no dependa ni del dinero ni de la simpatía que despierte el cliente. Protegerlos no es corporativismo. Es proteger la igualdad ante la ley.
De modo que la próxima vez que alguien —un tertuliano, un dirigente, un usuario indignado— confunda al abogado con la causa que defiende, no lo dejemos pasar como una torpeza retórica. Es algo más serio. Es un ladrillo que se retira del muro que nos protege a todos. Defender la independencia de la abogacía no es un asunto de abogados: es la forma menos vistosa, y más eficaz, de defender los derechos y libertades de cualquiera. Incluidos, por cierto, los de quienes hoy señalan.