Publicado en Tribunales
La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado por estafa, en sentencia de conformidad de 4 de marzo de 2026, a una abogada que durante varios años convenció a su defendido en una causa penal y al padre de este de que debían pagarle para que no ingresara en prisión. Se le aplicó la atenuante de reparación del daño.
La resolución es la Sentencia 106/2026 de la citada sección. Su contenido se conoce por un comentario publicado en Legal Today por un letrado de la Administración de Justicia, no por el texto íntegro del fallo.
Los hechos probados
Según el relato de hechos, la condenada ejercía la abogacía y llevaba la defensa de una persona investigada en un procedimiento penal. Mientras se tramitaba esa causa, indujo a su cliente y al padre de este a creer que el propio procedimiento exigía una serie de pagos y que, si no se realizaban, el investigado acabaría en prisión.
Las entregas se repitieron a lo largo de varios años y su importe fue creciendo con el tiempo. Los perjudicados pagaron convencidos de que se trataba de desembolsos imprescindibles ligados a la marcha de la causa, cuando esa necesidad procesal no existía. El comentario subraya que el engaño no requirió operaciones financieras complejas ni medios tecnológicos: bastó con presentar como obligatorio algo que no lo era.
La sentencia recoge además que la víctima principal presentaba limitaciones cognitivas, circunstancia que, según el autor del análisis, agrava materialmente la conducta al dificultar que el afectado detectara la falsedad de lo que se le decía.
Conformidad y atenuante de reparación
La acusada reconoció los hechos y reparó económicamente el perjuicio antes de que se celebrara el juicio. Ese reintegro permitió apreciar la circunstancia atenuante de reparación del daño y rebajar la pena dentro de los márgenes legales. El procedimiento terminó con una sentencia de conformidad, al aceptar la acusada tanto los hechos como sus consecuencias jurídicas.
El material disponible no precisa la pena impuesta, la cuantía total de lo entregado, el número de pagos ni el periodo exacto durante el que se produjeron. Tampoco identifica a la condenada ni a los perjudicados.
La lectura del comentarista
El autor del análisis utiliza el caso para insistir en que el investigado en un proceso penal, habitualmente visto solo como sujeto pasivo de la actuación judicial, puede ser también víctima de delitos que se apoyan precisamente en su situación procesal. A su juicio, la falta de conocimientos técnicos y el temor a una condena generan una dependencia del cliente respecto de su defensa que la condenada aprovechó.
En esa línea, sostiene que los deberes de lealtad, transparencia e información que pesan sobre abogados y procuradores no son meras exigencias deontológicas, sino garantías vinculadas al derecho a la asistencia letrada que la Constitución reconoce a toda persona sometida a un procedimiento penal. También advierte de que la restitución del dinero, aunque tenga efectos penales, no borra la gravedad de la conducta ni el daño a la confianza de las víctimas en el sistema. Sobre la conformidad, la defiende como una herramienta legítima de agilización procesal cuando concurren los presupuestos legales, y no como una forma menor de justicia.
