El sistema que garantiza defensa gratuita a quien no puede pagarla empieza a resquebrajarse. El Consejo General de la Abogacía Española lanzó una advertencia difícil de ignorar: si no se corrige el rumbo, ocho comunidades autónomas podrían llegar a una situación crítica para cubrir el turno de oficio antes de que acabe la década, y otras cinco quedarían en un nivel de riesgo elevado.
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