La Unión Europea da el 2 de agosto un paso decisivo en la aplicación de su Ley de Inteligencia Artificial (AI Act): entran en juego las primeras obligaciones de transparencia y arrancan los poderes de supervisión de Bruselas sobre los modelos más potentes. A partir de esa fecha, los contenidos generados o manipulados con IA —incluidos los deepfakes— deberán identificarse, y los chatbots y demás sistemas conversacionales tendrán que advertir a los usuarios de que están hablando con una máquina y no con una persona.

En la práctica, las herramientas capaces de generar imágenes, vídeos, audios o textos deberán incorporar marcas legibles por máquina que permitan reconocer esos contenidos. Y cuando esas producciones se empleen con fines profesionales o públicos, habrá que señalar de forma clara que han sido creadas o alteradas con inteligencia artificial.

Estas obligaciones se apoyan en el artículo 50 del reglamento, uno de los tramos que —conviene recordarlo— no se vio afectado por el reciente aplazamiento de las normas de alto riesgo pactado en el paquete Ómnibus Digital: la cita del 2 de agosto se mantiene intacta para la transparencia.

Bruselas estrena su caja de herramientas sobre los modelos de propósito general

La fecha marca también el inicio efectivo de las competencias de la Comisión sobre los llamados modelos de inteligencia artificial de propósito general (GPAI), aquellos capaces de realizar múltiples tareas y que sirven de base a una amplia gama de servicios. Sus obligaciones existen legalmente desde agosto de 2025, pero los proveedores disponían de un año de margen antes de que Bruselas pudiera empezar a fiscalizarlos.

A partir de ahora, la Oficina Europea de IA podrá requerir información a las empresas responsables, acceder a los modelos para evaluarlos, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad si detecta incumplimientos. Las sanciones por vulnerar tanto estas reglas como las de transparencia pueden alcanzar los 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, defendió la norma al describir la IA como «una tecnología transformadora que puede aportar beneficios extraordinarios a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas», si bien advirtió de que también «puede causar perjuicios si no se diseña y utiliza adecuadamente» y de que los modelos más avanzados plantean «riesgos de una magnitud completamente nueva».

Una supervisión repartida

El control no recaerá solo en Bruselas. La Comisión vigilará a los proveedores de modelos de propósito general y los sistemas de su competencia, mientras que los Estados miembros supervisarán el resto de herramientas desplegadas en sus territorios. Por su parte, el Supervisor Europeo de Protección de Datos se ocupará de los sistemas usados por las instituciones y organismos de la UE.

Como soporte, la Comisión ha constituido un panel científico de 60 expertos independientes, ha designado un asesor científico jefe y ha habilitado canales para comunicar posibles incumplimientos, entre ellos un mecanismo de denuncias abierto a ciudadanos y empresas y otro específico para los desarrolladores que construyen aplicaciones sobre modelos de terceros.

Un calendario que se prolonga hasta 2028

La implantación de la ley seguirá siendo escalonada. El próximo hito será el 2 de diciembre de 2026, cuando entren en vigor las nuevas prohibiciones incorporadas por el Ómnibus Digital contra los sistemas capaces de generar contenido sexual explícito sin consentimiento o material de abuso sexual infantil. Ese mismo día concluirá el periodo transitorio concedido a los modelos ya comercializados para incorporar mecanismos de identificación de contenidos.

Más adelante, el 2 de diciembre de 2027 empezarán a aplicarse las normas para los sistemas de alto riesgo —los utilizados en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo—, y la implantación culminará el 2 de agosto de 2028, con las disposiciones para los sistemas integrados en productos ya regulados por otra legislación europea, como ciertos dispositivos médicos o vehículos.