La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un abogado por sustentar un recurso de apelación en citas jurisprudenciales que no se correspondían con resoluciones reales o que no guardaban relación con lo alegado. Para el tribunal, esa conducta vulneró el deber de buena fe procesal y el respeto debido al órgano judicial.

Según la resolución, el escrito incluía referencias entrecomilladas y resaltadas en negrita y cursiva, atribuidas al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que no pudieron localizarse en las bases de datos consultadas. No se trataba, subraya la Sala, de simples errores materiales, sino de una fundamentación jurídica artificial que obligó al tribunal a verificar una a una las citas invocadas.

Al menos 25 citas apócrifas

El recurso se apoyaba en supuestas omisiones de documentación policial y en una doctrina que no existía o no era aplicable al caso. Tras examinar la documental y el informe de la responsable del Servicio de Documentación y Bibliotecas del TSJC, la Sala concluyó que el escrito contenía numerosas citas incorrectas o apócrifas: al menos 25 sentencias invocadas como jurisprudencia.

El tribunal es tajante sobre el fondo del asunto: recurrir a herramientas de inteligencia artificial no exime al profesional de revisar y comprobar el contenido antes de presentarlo. La responsabilidad última del escrito, recuerda, corresponde al letrado que lo firma, y el uso de estas herramientas debe estar siempre sometido a supervisión humana.

Traslado al Colegio y un agravante: no rectificar

Además de la multa, la Sala acordó remitir la resolución y los antecedentes al Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote para que, en su caso, depure las eventuales responsabilidades disciplinarias.

La cuantía se fijó atendiendo a la gravedad de los hechos, la reiteración detectada y —un factor determinante— la negativa del letrado a admitir lo ocurrido y a disculparse, junto con la necesidad de preservar la confianza en la Administración de Justicia. Es un matiz relevante: en otros pronunciamientos recientes sobre la misma cuestión, el reconocimiento de los hechos y las disculpas han operado como atenuante; aquí, su ausencia jugó en sentido contrario.

No es el primer caso en Canarias

El episodio no es aislado. El pasado febrero, la misma Sala del TSJC ya multó con 420 euros a un abogado por citar hasta 48 sentencias falsas sugeridas por inteligencia artificial, en lo que empieza a perfilarse como una serie de resoluciones sobre las «alucinaciones» de estas herramientas trasladadas sin filtro a los escritos judiciales.